Por Javier Diez Canseco (*).-
Repetidas veces he denunciado los abusos de las AFP contra aportantes y pensionistas, contando con la complicidad de los gobiernos de turno. Al crearse el Sistema Privado de Pensiones, el 92, se habló mucho sobre las enormes ventajas respecto al Sistema Estatal: mayores beneficios, mejor atención, menores costos, manejo más transparente de sus aportes. Hoy en día -10 años después- casi nada queda de esas promesas. Tenemos un sistema privado oligopólico, manejado con una mentalidad feudal. El afiliado paga elevadas comisiones, está sujeto a cobros arbitrarios, recibe información a cuentagotas sobre el manejo que se hace de sus aportes, percibe una baja rentabilidad, no sabe los sueldos de gerentes y directores, y para rematarla, si reclama choca con la arrogancia de las AFP que lo tratan como a un cautivo, pues bajo la actual legislación, es literalmente imposible retirarse del Sistema Privado. Hoy hay un gran debate sobre el tema de la libre desafiliación a las AFPs. Los representantes del oficialismo, encabezados por el ciudadano estadounidense Kuczynski, se rasgan las vestiduras públicamente ante la posibilidad de conceder a los aportantes al sistema previsional la opción de desafiliarse del sistema privado y moverse al sistema estatal (o viceversa) si lo desean. Tal parece que para Mr. Kuczynski -que ha sido nada menos que representante de las AFPs en el directorio de la Southern Perú- y su corte neoliberal, el mercado libre, la competencia y el derecho del usuario a elegir, son sólo palabras al viento. No les interesa que muchos trabajadores fueran afiliados compulsivamente a las AFPs durante el ‘fujimontecinismo’, sin informarles adecuadamente sobre las ventajas y desventajas, o sobre la pérdida de beneficios ganados en el sistema estatal. Para algunos, al defender el lucro de las AFP, los derechos ciudadanos y la dignidad del trabajador aportante, están de más. Se alega que al establecerse la libre desafiliación, el Sistema Nacional de Pensiones se vería invadido por miles de pensionistas que se trasladarían a fin de poder percibir pensiones más altas, pues nominalmente en el Sistema Privado no hay pensión mínima, mientras que el Estatal establece una pensión mínima de S/. 450 mensuales. No se dice qué aportantes al Sistema Privado perciben pensiones de miseria por sus aportes -tan bajos como S/. 50 al mes- y el Estado a través de "Bonos complementarios" está haciendo aportes adicionales para cubrir la diferencia y que estos aportantes alcancen la pensión mínima de S/. 450. ¿Si el Estado debe subsidiar a estos pensionistas de AFPs, cuál es la ventaja de tenerlos ahí y no en el sistema estatal? ¿A quién beneficia que estos pensionistas sigan "atrapados" en el sistema privado? Dicen que si muchos se salen de las AFPs, éstas pueden colapsar, pero ¿por qué se opusieron a formar un Fondo Previsional de las AFPs para garantizar que soportarían cualquier cambio, en lugar de permitirles mantener altísimas ganancias desamparando a los aportantes? Los ciudadanos tenemos el derecho a escoger en qué sistema previsional deseamos estar. La Constitución dice que el Estado debe garantizar el libre acceso a prestaciones de salud y pensiones: públicas, privadas y mixtas. La Carta Magna reconoce el carácter irrenunciable de los derechos adquiridos por el trabajador. Forzar a un aportante a entrar en el sistema privado de pensiones -contra su voluntad e intereses- es ilegítimo e ilegal, viola libertades básicas de la persona. Creo firmemente que es necesario preservar y fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones como una alternativa que contrarreste el poder oligopólico de las AFPs. Hay que reformar el Sistema Estatal, para corregir abusos y carencias, depurar y profesionalizar su administración, para que el SNP deje de ser un botín de las mafias partidarias. En la actual coyuntura en que los sectores neoliberales y sus ayayeros gobiernistas despotrican contra la libre desafiliación -alegando que buscan defender a aportantes y pensionistas-, hay que estar atentos y desconfiar. No es amor al chancho sino a las comisiones. Los trabajadores del Perú tienen derecho a recibir una pensión digna por sus largos años de aportes, y ningún lobby oligopólico ni ningún Gobierno concesivo podrán impedirlo.
(*) www.pddperu.org
Fuente: http://www.larepublica.pe/node/158310/comentario
No hay comentarios:
Publicar un comentario